¿A quién beneficia destinar el 30% de las promociones a vivienda social?

Oct 2, 2019 | Últimas entradas

Cómo pasa a menudo, los políticos hacen leyes creyendo que están beneficiando un colectivo cuando la realidad es que están haciendo todo lo contrario. Por lo tanto, ¿analizan bien los que mandan  lo que puede pasar realmente? ¿Escuchan a las partes implicadas?

¿Por qué comento este extremo? El 2018 el ayuntamiento de Barcelona modificó el plan general metropolitano para que en toda promoción o rehabilitación integral de promociones a partir de 600M2 se destinara el 30% de las viviendas a viviendas de protección oficial. Todo esto sobre papel parece muy bonito, pero la realidad es otra. Si quién tiene que construir los edificios no lo hace porque no salen los números, ¿qué pasa? La parte trabajadora que hace las obras no las hace  y genera más paro – este es el colectivo que se quería proteger – la economía se mueve menos porque los proveedores tienen menos trabajo (cemento, aluminio, cerámica, ascensoristas, etc.) y genera muchos menos impuestos a cobrar tanto por el estado (IVA) como por el ayuntamiento (plusvalía) y posteriormente cuando se venden los pisos uno a uno por la generalidad (ITP)

Todo este sector es muy importante para la economía pues hacer las promociones da de comer a muchas familias. Actualmente se está vendiendo un 10% de los edificios y solares que se vendían antes de la modificación del plan general metropolitano, por eso, como decía al principio, ni se resuelve el problema de la vivienda social (puesto que si no hay promociones, no hay viviendas) y encima se agrava el problema porque algunos trabajadores de la construcción se quedan sin trabajo o se ven obligados a marchar para poder continuar trabajando.

No se puede pasar la responsabilidad de la vivienda social a la empresa privada. Quién se tiene que hacer cargo de las labores sociales son los estamentos públicos. Si los que gobiernan, en nuestro caso ayuntamiento y  Generalitat, asumieran su responsabilidad  incrementasen el parque de pisos en alquiler social, no harían falta estas medidas, que realmente perjudican a todo el mundo, incluso al colectivo que se quiere  proteger.

Ramon Soler

Grup Solfinc

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