El Tribunal Constitucional ha anulado hoy el decreto 17/2019 y el 1/2020 de la Generalitat a través de los cuales se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos, o con el contrato vencido y a quienes hayan ocupado ilegalmente un inmueble cuando acreditasen falta de recursos que les coloque en situación de exclusión residencial.
Ahora, el Pleno del tribunal de garantías lo ha anulado bajo el argumento de que lo hizo a través de un decreto ley cuando la vía adecuada era su aprobación por ley. “No concurren los requisitos del presupuesto habilitante que exige el art. 86.1 CE para regular la materia sobre las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, resultando insuficiente el rango de la norma”, señaló el tribunal en una nota de prensa.
¿Por qué lo han anulado?
El TC considera que esta regulación no podía hacerse por decreto, sino mediante una ley
Los magistrados han considerado que no se pueden adoptar por decreto medidas que afectan y restringen derechos, en este caso el derecho de propiedad, que el artículo 33 de la Constitución establece que solo se puede restringir por ley. Fuentes del tribunal señalaron que algunas medidas podían ser sensatas, pero no así la vía legal para tomarlas.
El decreto introducía las bases del control de rentas, ya que obligaba a publicar el índice de referencia del alquiler en los anuncios de los pisos y a incluirlo en los contratos de arrendamiento. La parte más polémica, sin embargo, era la obligación impuesta a los propietarios de más de 15 inmuebles de ofrecer un alquiler social a inquilinos morosos o ocupantes ilegales de sus viviendas, con una vigencia de 7 años (5 si el gran propietario es una persona física), y la obligación de renovarlo a su vencimiento.
La norma también ampliaba el derecho de tanteo y retracto en favor de la Generalitat en la transmisión de viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de hipotecas. Así, daba a la Generalitat este derecho hasta 2027, en la primera y en las transmisiones posteriores del inmueble.
Los decretos forzaban a grandes propietarios a alquilar pisos a bajo precio a inquilinos morosos y okupas
Los representantes del sector inmobiliario, en pie de guerra desde hace meses contra la política de vivienda de la Generalitat. Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat de Barcelona, señaló que aunque el motivo alegado es formal seguramente han pesado en el ánimo del tribunal valoraciones jurídicas como las que realizó el Consell de Garanties Estatutàries del Parlament, que señalaban que se producía una expropiación temporal de la vivienda, sin encaje en el ordenamiento jurídico. A su juicio, los decretos trasladan a los propietarios el coste de crear un parque de vivienda social, que ha de asumir la administración.
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