El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el viernes 12 de marzo el plan de ayuda para pymes y autónomos que se anunció el pasado 24 de febrero.
El plan, dotado con 11.000 millones de euros, destina la mayor parte (7.000 millones de euros) a ayudas directas a pymes y el resto (4.000 millones de euros) distribuidos en dos fondos, el primero para reestructurar créditos ICO (3.000 millones) y el segundo para el fondo de rescate de pymes (1.000 millones). El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el sistema financiero y, en último término, evitar un impacto estructural en la economía.
¿A quién va dirigido?
A autónomos y pymes cuya actividad se ha visto negativamente afectada por la pandemia, acreditando pérdidas superiores al 30% con respecto a 2019 (excepto para los autónomos que tributan por módulos) y será la Agencia Tributaria quien se encargue de verificar esta situación.
Se exigirá el compromiso de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y se les prohíbe repartir dividendos e incrementar los salarios de la cúpula directiva durante los dos años posteriores a la concesión de la ayuda para pymes y autónomos.
Los otros 4.000 millones que completan el plan de 11.000 millones se han distribuido en dos fondos:
– 3.000 millones para reestructurar créditos ICO.
Destinado a financiar la reestructuración de los créditos que a lo largo de la pandemia ha concedido la banca con aval del ICO. Se aprobará un código de buenas prácticas para que el sector financiero pueda implicarse y cooperar en el apoyo a las empresas viables con problemas puntuales financieros.
– Fondo de rescate de pymes de 1.000 millones.
Este fondo permitirá solicitar distintos instrumentos para recapitalizar las empresas con plazos de hasta ocho años. El Gobierno, según ha anunciado Calviño, se reserva el derecho de participar en el capital de las empresas que reciban esos fondos.
¿Qué importe se puede llegar a recibir?
Los autónomos que tributen por módulos (régimen de estimación objetiva) recibirán un máximo de 3.000 euros a fondo perdido y no tendrán que acreditar caídas del 30% en sus ventas. El resto, aquellos profesionales o empresas, que tributen por estimación directa, la ayuda no podrá ser inferior a los 4.000 euros, ni superior a los 200.000 euros.
Ampliación de la moratoria hasta final de año
Entre las medidas aprobadas también se recoge la extensión hasta final de año de las moratorias para declarar concursos de acreedores, para permitir que sigan con actividad empresas «viables en condiciones normales de mercado» y para «dar tiempo a reequilibrar su situación financiera».
Un mes y 10 días para ponerlo en marcha
El Gobierno estará en condiciones de canalizar estos fondos a las Comunidades Autónomas en el plazo de un mes y 10 días, dependerá de las CCAA el tiempo que luego tarden en canalizar esos fondos a las empresas. En principio, la gestión no debería demorarse mucho ya que las CCAA ya ha puesto a disposición de las empresas 2.000 millones de euros en ayudas y, por lo tanto, tienen engrasado el mecanismo de transmisión de fondos públicos.
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/
