En estos momentos el Ayuntamiento de Barcelona estudia la posibilidad de emprender acciones legales a fin de frenar el nuevo decreto sobre el alquiler turístico que ha realizado el Govern, destinado a regular el alquiler de habitaciones por días y otros modos de alojamiento turístico.
¿En qué consiste este nuevo decreto?
El decreto de la Generalitat aprobado el martes 4 de agosto prevé que cualquier ciudadano puede alquilar una habitación siempre y cuando resida en la misma vivienda de manera habitual y vaya a convivir con sus arrendatarios, quienes no pueden ser más de cuatro al mismo tiempo, y la estancia de estos no supere los 31 días. La nueva norma también establece que los ayuntamientos disponen de un año para elaborar las correspondientes ordenanzas. De este modo los municipios han de definir qué es una habitación, de cuántos metros cuadrados debe disponer cada huésped, cuáles son las medidas de seguridad que ha de atender el propietario y encargarse de las inspecciones.
¿Por qué están en contra?
En los últimos años buena parte del alojamiento turístico ilegal en Barcelona se refugió en un vacío legal que daba vía libre al alquiler de habitaciones. La Generalitat ha tardado tiempo en tramitar esta normativa y entre tanto, mucha gente se aprovechó de este vacío legal convirtiendo numerosos pisos en una especie de pensiones clandestinas. El problema es que el decreto se ha aprobado deprisa y corriendo, en pleno agosto, sin pensar en las consecuencias que pueden generar para los ayuntamientos y dejando algunas preguntas en el aire como ¿Cómo comprobar en una inspección que alguien vive realmente en ese piso? ¿Cuántas inspecciones serán necesarias? ¿Cuántos recursos se deberán dedicar a esa tarea?
Se acusa al Govern de “poner una alfombra roja” a aplicaciones como Airbnb y dar toda la presión a los ayuntamientos, que deberán inspeccionar y controlar la situación.
Es por ello que el Ayuntamiento está llevando a cabo un detallado análisis jurídico del nuevo decreto a fin de terminar de definir su estrategia. Personas como Janet Sanz (la teniente de alcalde de Urbanismo en Barcelona) han manifestado su posición en contra a este decreto en Twitter con comentarios como “la Generalitat tarda cinco años en hacer un decreto que regula pisos turísticos, y lo aprueban en agosto, a escondidas y con el aplauso de Airbnb. No es el decreto de que necesitamos. Barcelona no se quedará de brazos cruzados. Protegeremos el derecho a la vivienda”.
