Nueva batalla en el consistorio barcelonés. El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 17 emplazamientos donde se han hecho obras que han incumplido la obligación de destinar a vivienda de protección oficial el 30% de los pisos hechos. Desde diciembre de 2018, está en vigor el planeamiento urbanístico que prevé esta reserva obligatoria para promociones de nueva construcción o de reforma integral de más de 600 m2 de techo, con la voluntad de incrementar el parque de vivienda asequible de la ciudad. Ahora, se han identificado infracciones de la normativa, y el consistorio ha iniciado las actuaciones pertinentes para recuperar los pisos de protección oficial que tocan por ley y para imponer las sanciones que correspondan.
La obligación de destinar a vivienda de protección oficial el 30% fue pionera en todo el Estado. Barcelona se convirtió en la primera ciudad a implantar una regulación de estas características, poniéndose en contra a todo el sector inmobiliario de la ciudad. Surgió de las demandas de las entidades sociales y del sector de la vivienda, y el Gobierno municipal recogió la propuesta y la desarrolló para conseguir un parque de vivienda asequible más grande y distribuido por todos los distritos, y también para regular el mercado inmobiliario y exigir a los promotores privados que se corresponsabilizan con el entorno urbano que otorga valor a sus propiedades.
Tres años y medio después de la aplicación de la norma, el Ayuntamiento ha hecho una campaña de inspección para detectar posibles incumplimientos. En total, se han analizado e inspeccionado 1.368 fincas con permisos de obras entre enero de 2019 y abril de este año. Como resultado, se ha encontrado 138 casos de obras no ajustadas a la normativa vigente, donde se ha encontrado irregularidades importantes como segregaciones de pisos, cambios de uso y otras intervenciones sin título habilitado.
Del total de casos de incumplimientos, 17 han incumplido la obligación de destinar a vivienda de protección oficial. En total, suman 222 viviendas, y si hubieran aplicado correctamente la regulación vigente la ciudad habría conseguido unos 70 pisos asequibles. Las promociones se ubican en Ciutat Vella (1), el Eixample (8), Santos-Montjuic (2) y Sarriá-Sant Gervasi (3) y Gracia (3).
Para evitar la aplicación de la medida, en la mayoría de ocasiones el promotor no ha solicitado una única licencia de gran rehabilitación para hacer una actuación global para todo el edificio, tal como correspondería según la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras. En lugar de esto, ha tramitado varios permisos para hacer diferentes actuaciones, como por ejemplo redistribución de espacios, reformas a pisos concretos, la rehabilitación de la fachada, etc.
Estas actuaciones hechas por separado y de forma independiente requerirían únicamente la presentación de un comunicado. Algunos promotores han presentado varios para un mismo edificio como si se tratara de pequeñas obras de reparación o reforma, pero sumadas equivalen a una intervención global que requeriría una licencia de obras mayores. De este modo, se vulneran requerimientos vinculados a la seguridad, mantenimiento, accesibilidad y reservas de energía solar de los edificios, y se consigue eludir la reserva del 30% de vivienda social. Además, una vez finalizadas las obras, los futuros usuarios no tienen garantizado el cumplimiento de todas las normativas aplicables.
Respuesta municipal a la obligación de destinar a vivienda de protección oficial
Ante estos hechos graves, el Gobierno municipal ya trabaja en varias líneas. En primer lugar, se exige a los promotores que restablezcan la legalidad urbanística. Por lo tanto, hará falta que soliciten la licencia que corresponde y se adecuen a los requerimientos correspondientes. En los casos de incumplimiento del 30%, se los reclamará que materialicen las viviendas de protección oficial que han esquivado hacer. Si los pisos se pueden dedicar directamente a vivienda asequible, se les dará esta calificación. Y si no es posible, bien sea porque ya han sido vendidos o por otros motivos, se trabajará la opción prevista por el planeamiento del 30% de crear los pisos en otro inmueble del mismo barrio.
En paralelo, se incoarán sanciones porque no se vuelva a repetir la situación. En los casos de incumplimiento del 30%, el Ayuntamiento aplicará la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, que prevé sanciones para infracciones muy graves que van desde 90.000 euros hasta 900.000 euros.
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