El 4 de agosto la Generalitat abría la posibilidad de que los propietarios o inquilinos pudieran alquilar habitaciones a turistas (tienes toda la información sobre la normativa en este enlace). Había tres requisitos principales: debía ser la vivienda principal del propietario que alquile, no podría ceder la casa entera sino compartirla con un máximo de cuatro personas y en un periodo de tiempo que no podía sobrepasar los 31 días. Esta normativa generó controversia dentro de los gobiernos municipales, en los cuales se cargaba todo el peso. Es por ello que Barcelona prohíbe alquilar habitaciones a turistas. Puedes leer los motivos y opiniones por parte del ayuntamiento, en este enlace.
La Generalitat derivaba el problema a los ayuntamientos, quienes debían controlar la situación y tomar medidas de actuación. Por lo que eran ellos quienes debían finalmente legislar en favor o en contra de la medida. Y la medida del Ayuntamiento de Barcelona ha sido clara: durante un año, nadie podrá pedir habilitar su vivienda para compartirla con turistas, ya sean propietarios de apartamentos turísticos o personas que busquen unos ingresos extra.
Según datos de Airbnb, Catalunya registra alrededor de 14.000 habitaciones disponibles en oferta, 9.000 de las cuales se encuentran en Barcelona. Alrededor de 3.000 habitaciones responden a la dinámica de residencias compartidas con residentes o dueños de la vivienda, mientras que el resto se trata de piso turísticos ilegales fraccionados en habitaciones a fin de saltarse la legislación que busca ponerles freno.
Por lo tanto, Barcelona prohíbe alquilar habitaciones a turistas hasta que una nueva norma lo regule en profundidad. Quizá un año sea demasiado tiempo o quizá sea insuficiente, pero durante este tiempo el Ayuntamiento aprovechará para redactar las normativas pertinentes. Los mejores augurios estiman que no se debería tardar tanto y que ya llevan tiempo trabajando en ello, intercambiando opiniones con técnicos de ciudades como París o Berlín, donde este modelo ya está en marcha.
