El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso ya que considera inconstitucional la Ley de vivienda estatal, por invasión de competencias autonómicas. Se suma así a otras comunidades autónomas que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como las de Madrid, Andalucía y País Vasco.
El 4 de agosto el Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen en el que advertía de que diversos artículos y disposiciones de la Ley por el derecho a la vivienda vulneran las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo que fija el Estatut.
De las comunidades autónomas que han presentado un recurso, Cataluña es la única autonomía que ha avanzado en el plan para topar los alquileres en España. En junio ya inició los trámites para declarar hasta 140 municipios como zona de mercado tensionado, paso previo para establecer un límite a los precios de los arrendamientos, y ha anunciado que reducirá de 10 a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios en aquellas zonas que se declaren de mercado residencial tensionado.
La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ya afirmó hace unas semanas que presentar el recurso por considerar inconstitucional la Ley de vivienda no contradice el hecho de que la región quiera aplicar cuanto antes la regulación de las rentas del alquiler. Tal y como afirmó, la Generalitat está defendiendo sus competencias y que es su «obligación dar respuesta a la ciudadanía catalana» y garantizar sus derechos.
Más comunidades consideran inconstitucional la Ley de Vivienda
El pasado 26 de agosto se cumplieron tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos para el mercado inmobiliario y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas.
En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral entre CCAA y Estado. Prácticamente todos los recursos presentados inciden en una invasión competencial en cuanto a la regulación de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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