El Parlament aprobó este miércoles la nueva ley catalana antidesahucios que toma el relevo de la anulada hace un año por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma. Esta incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. En ese caso, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social. También cuando los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble. Y la obligación se alarga en el tiempo: cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica, y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión.
La nueva ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda. Eso sí, siempre que sea donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose éstos como inquilinos con alquiler social. Es por ello que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Cataluña, quien asuma los alquileres de estas familias. Esto puede ser a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas.
La nueva norma, que también contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada, salió adelante con el apoyo de los grupos impulsores -ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem- y el PSC. Mientras que Vox votó en contra y Cs y el PP no votaron. Estos pidieron la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y de que la Mesa lo rechazase.
Los miembros de la Mesa de ERC, Junts y la CUP se negaron a admitir a trámite esta petición de Cs y del PP. Para ello, argumentaron que el Reglamento del Parlament recoge que en iniciativas con firma de portavoces de los grupos, la del Grupo Mixto «únicamente se cuenta si está constituido por un mínimo de cinco miembros», algo que no ocurre actualmente, ya que el PP tiene tres diputados.
Tras la aprobación de la ley en el pleno, representantes de entidades antidesahucios se fotografiaron en la escalera de honor del Parlament junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la de la Cámara, Laura Borràs; la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; la de Derechos Sociales, Violant Cervera, y diputados de los grupos que han apoyado la ley.
Por otro lado, sigue nuestro contenido en el Blog, Facebook, Instagram o Twitter para ver más contenido del sector.
Publicación realizada por: El Economista.
