Este jueves se ha aprobado la nueva ley hipotecaria, que acumulaba ya tres años de retraso y sobre la que había la amenaza de una multa de Bruselas por 105.000 euros al día. Se trata de la última gran ley de la legislatura.
La ley entrará en vigor en tres meses y la base del texto la dejó hecha el entonces ministro Guindos. La ley endurece los requisitos para iniciar el proceso de embargo, abarata la amortización anticipada de la hipoteca, rebaja los intereses de demora, obliga al banco a costear todos los gastos salvo la tasación, prohíbe las clausulas suelo y facilita el cambio de una hipoteca variable a una fija.
Además, dicha ley prohíbe a las entidades retribuir a sus trabajadores en función del número de hipotecas concedidas, un sistema de incentivos que durante la burbuja resultó perverso. Los notarios y registradores deberán cancelar cualquier contrato con cláusulas declaradas abusivas, según un registro que ya existe para las de Supremo pero que ahora se extenderá a todas. Los bancos deberán hacer un examen de la solvencia del cliente para que se conceda la hipoteca en función de su capacidad de pago, y no del previsible incremento del valor de la vivienda, los avalistas o unas garantías adicionales.
El banco se ha estado mostrando crítico con la ley, e incluso había declarado que estas medidas podrían encarecer el crédito y dificultar el acceso. Sin embargo, este jueves el responsable de ING en España y Portugal, César González – Bueno, ha afirmado que está muy satisfecho con la aprobación. La Asociación Española de Banca (AEB) también confía en que esta legislación acabe con la incertidumbre en el sector.
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