Nuevo dictamen del Tribunal Constitucional en el que declara inconstitucional la Ley catalana de alquiler de vivienda por invasión de competencias del Estado. Tras tumbar en un fallo anterior todo lo relacionado con la limitación de los precios de los arrendamientos, ahora anula la obligación a los grandes propietarios de ofrecer realojo o alquiler social a las familias vulnerables antes de iniciar el proceso de desahucio en el juzgado.
El Tribunal Constitucional responde al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la nación contra la conocida como Ley catalana del alquiler por invasión de competencias estatales en materia de derecho civil, y en concreto, sobre los contratos de arrendamiento de viviendas.
El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado el pasado viernes 8 de abril contra el grueso de la Ley catalana de alquiler de vivienda contra 11 artículos de la normativa autonómica. Entre ellos, se encontraban la limitación de los precios del alquiler en aquellas zonas declaradas tensionadas. El motivo de la sentencia se debe a que el Tribunal Constitucional reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales.
Se declaran en esta última sentencia “inconstitucionales y nulos” los siguientes artículos:
- Artículo 14, sobre el régimen sancionador
- Artículo 16.1, que obligaba a indicar el precio del anterior contrato en los anuncios de pisos de alquiler
- Artículos 17 y 18, que obligaban a los grandes propietarios a acreditar documentalmente que se había ofrecido un alquiler social o realojo a las familias vulnerables y comunicarlo al juzgado antes de denunciarlas por impago.
Ambas sentencias del Tribunal Constitucional coinciden con la tramitación de la Ley de Vivienda del Gobierno, que entre sus puntos tiene la de establecer límites de rentas en aquellas zonas que se declaren tensionadas.
Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición, ha registrado en el Congreso de los Diputados enmiendas a la tramitación de la Ley de Vivienda que ellos mismos impulsaron desde el Ejecutivo.
Podemos propone obligar a la Sareb a dirigir un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo en el número de plazas de alojamiento turístico de hasta el 2% del número de habitantes en un distrito o barrio.
Otra de sus peticiones más destacadas es la de rebajar el umbral de incremento de precios. Todo ello, está contemplado en la regulación del Gobierno para declarar una zona tensionada y poder aplicar el control de precios. En la redacción actual se puede declarar una zona tensionada en caso de un aumento de precios de 5 puntos por encima del IPC de una comunidad autónoma en los cinco años anteriores. Podemos propone dejarlo sólo en dos puntos por encima.
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Fuente: Idealista.
