El Govern elabora un proyecto de decreto para regular la actividad de los administradores de fincas. En Catalunya son más de 3.000 profesionales que gestionan más del 80% del parque inmobiliario del territorio.
En el Consell Executiu de este martes 25 de enero de 2022, el Govern ha aprobado autorizar a la Conselleria de Derechos Sociales la realización de una consulta pública previa a la elaboración del decreto.
El objetivo es adecuar la actividad de los administradores de fincas a lo que establecen la Ley del derecho a la vivienda y el Código Civil catalán. Su finalidad es clara y esperan ofrecer «una mayor protección» a los usuarios.
El decreto prevé regular los requisitos legales y reglamentarios necesarios para garantizar el desarrollo de las funciones de estos profesionales. A todo ello, espera mejorar el grado de conocimiento que los consumidores tienen sobre la capacitación y calidad de los profesionales.
También pretende reforzar la capacidad de la administración para «garantizar el buen funcionamiento» de los servicios y la atención que reciben los usuarios. Con ello esperan que todos los que operen en el mercado trabajen en libre competencia lícita y de conformidad con la legislación.
El Govern ha advertido de que se han detectado en el mercado nuevos operadores inmobiliarios. Estos han abierto negocios sin clarificar a los consumidores y usuarios la información necesaria. Por lo que no se sabe si quien está ofreciendo el servicio lo hace conforme la ley, puesto que existe «un cierto vacío legal» en ella.
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