La Generalitat, a través del departamento de Empresa, del que dependen las políticas relativas a Turismo ha respondido a la sentencia que “supone un enorme obstáculo para poner fin a la existencia de pisos turísticos ilegales”. “Excluir de su responsabilidad a las plataformas que anuncian este tipo de oferta dificulta la persecución de prácticas fraudulentas que acaban impactando en el día a día de los habitantes de las zonas con una mayor afluencia turística”, han añadido fuentes del departamento.
Es la segunda vez que el alto tribunal falla a favor de una empresa de apartamentos turísticos que había impugnado esa misma orden de la Generalitat. Ya hace un año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a HomeAway en el mismo sentido, una resolución que sirve de base para la dictada ahora por el Supremo sobre Airbnb.
Los magistrados, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, consideran que no son empresas que se dediquen al arrendamiento de viviendas, sino un servicio de intermediación entre arrendadores y arrendatarios propio de la sociedad de la información, por lo que no tienen que seguir la legislación sectorial de alojamientos turísticos. La Sala recuerda los razonamientos a los que llegaron hace un año y que repiten ahora para llegar a la misma conclusión: “No cabe duda de que la actividad de alquiler de alojamientos a la que se refieren los contenidos almacenados en la web de la recurrente es una actividad legítima, como tampoco hay duda, en sentido opuesto, de que los anuncios de alojamientos turísticos en el ámbito territorial de Cataluña incurren en una infracción administrativa si no incorporan el número de registro turístico”, señalan.
La cuestión, por tanto, es si puede afirmarse que las empresas intermediarias tienen “conocimiento efectivo” de ese requisito del Govern, por el mero hecho de que tales anuncios se alojen en la página web. “La respuesta ha de ser necesariamente negativa”, concluye el tribunal.
Tras recibir la sentencia, la plataforma de pisos turísticos ha expresado este jueves, en un comunicado, su interés en trabajar con las administraciones públicas catalanas “para elaborar una normativa clara, adaptada a la realidad actual de los viajes y que apoye la actividad de los particulares”. Airbnb reivindica “el impacto positivo” que su actividad está teniendo sobre el empleo y los comercios locales, en especial tras el impacto de la covid-19.
En un escrito, la directora general de Airbnb Marketing Services, Mónica Casañas, ha asegurado que la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del intercambio de información “ha permitido al Consistorio identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios”. “El impacto que la plataforma tiene en los particulares, los comercios y los pequeños propietarios se refleja en que 8 de cada 10 anfitriones en Cataluña tienen un solo anuncio y en que casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan”, ha señalado.
La Generalitat ha considerado también que “las plataformas deben asegurarse de que los anuncios que alojan cumplen con la normativa”, y ha señalado que “no hay impedimentos técnicos para hacerlo”. El Govern, anuncia, “estudiará los pasos a realizar con el objetivo de poder actuar con el máximo de eficiencia contra la oferta de alojamientos sin licencia turística”.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, que durante años mantuvo una guerra contra Airbnb por los pisos turísticos ilegales en la ciudad y por la presencia de anuncios de pisos sin licencia en el portal, fuentes municipales apuntan, a la espera de analizar bien la sentencia, que “se mantendrá la misma estrategia que hasta ahora en relación a los pisos turísticos y con la misma firmeza y contundencia en la inspección”. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau fue el primero en multar a la plataforma de alquiler vacacional y rechaza la presencia de anuncios de pisos ilegales por su efecto que tiene esta oferta en el mercado residencial. Barcelona ha sido también la única ciudad catalana que por ahora ha vetado la oferta de habitaciones de alquiler para turistas que ha legalizado la Generalitat.
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