La nueva ley de la vivienda no conseguirá sus objetivos según APCE y foment

Jul 25, 2023 | Alquiler, Patrimonio

El parque de viviendas públicas en España es de los más escasos de la UE. Solo un 2,5% es vivienda social, mientras que la media europea se sitúa en un 9,3%. Para incrementar este parque hace falta que las administraciones destinen recursos suficientes, como hacen otros países del entorno. Es lo que reclaman la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) y Foment del Treball, quienes afirman que la nueva ley de la vivienda no conseguirá sus objetivos iniciales.

La vivienda es un ámbito que siempre se utiliza como “caballo de batalla” en periodos electorales, denuncian las dos organizaciones en una declaración conjunta. Desgraciadamente, tal preocupación no suele reflejarse posteriormente en forma de importantes partidas presupuestarias. Hacen falta más recursos y que las administraciones dejen de traspasar su responsabilidad en materia de vivienda social al sector privado, piden. Los fondos europeos Next Generation, de hecho, han propiciado el anuncio reciente del presidente del Gobierno del Estado de abrir una línea de financiación del ICO de 4.000 millones de euros para la promoción de 43.000 nuevas viviendas en alquiler social y asequible, línea que a priori es bienvenida por el sector, a pesar de que habrá que conocer los detalles para poderla valorar con más detenimiento, apuntan. En este sentido, las dos organizaciones recuerdan que ha sido el sector privado el que ha construido más del 80% de viviendas de protección oficial en toda Catalunya en los últimos 10 años.

Solo un 2,5% es vivienda social, mientras que la media europea se sitúa en un 9,3%

La nueva ley de vivienda, “línea contraria”

Foment del Treball y la APCE consideran que la ley por el Derecho a la Vivienda va en la línea contraria –como ya pasó con la normativa catalana– para conseguir ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta diversa que dé respuesta a las necesidades de la sociedad. Por ello, afirman rotundamente que la nueva ley de la vivienda no conseguirá sus objetivos.

Las tensiones en el mercado residencial en alquiler en España son atribuibles a la carencia de vivienda a disposición de la ciudadanía, razón por la cual la solución no es intervenir los precios del reducido parque existente, sino que pasa por incrementar la oferta, apuntan. Así, para ellos las consecuencias no deseadas del control de rentas de alquiler son muy conocidas en todo los diferentes países donde se ha implantado: reducción en la oferta de vivienda de alquiler, disminución de la construcción futura o la peor calidad de los inmuebles, entre otros problemas.

Foment del Treball y la APCE consideran que la ley por el Derecho a la Vivienda no ampliará el parque de viviendas y no creará una oferta diversa que dé respuesta a las necesidades de la sociedad

Recientemente, recuerdan en su declaración conjunta, se publicó un informe sobre las primeras pruebas científicas obtenidas durante el periodo de vigencia de la ley catalana 11/2020, de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas a los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, elaborado por la Cátedra Vivienda y Futuro de la Universitat Pompeu Fabra y la APCE. Los resultados de este policy brief muestran una reducción de precios en el entorno del 5% y decreciendo a lo largo del periodo, mientras que las caídas en el ámbito de la oferta se sitúan alrededor del 15%.

Además, el estudio destaca otros efectos negativos de la aplicación de la normativa, con cambios en la composición de las viviendas de alquiler, puesto que las viviendas que estaban por encima del precio de referencia pasaron a la compraventa, lo cual segmentó el mercado de forma aleatoria. Asimismo, el precio del alquiler se ha encarecido en las viviendas que están por debajo del precio de referencia y, en este sentido, también se observan incrementos de precios en las ventas de inmuebles en los segmentos regulados y no regulados después de la revocación de la ley 11/2020, inciden.

Los promotores y constructores y la patronal recuerdan que el sector privado ha construido el 80% de las viviendas sociales en Catalunya en la última década

Por eso, apuntan, hay que fomentar fórmulas realmente efectivas para incidir en el crecimiento del parque público de vivienda: promover la colaboración público-privada, implementar incentivos fiscales en los propietarios para que introduzcan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler o mejorar la seguridad jurídica del propietario ante impagos u ocupaciones, entre otras acciones. Si no ocurre eso, temen que la nueva ley de la vivienda no conseguirá sus objetivos.

Por otro lado, hay que tener presente que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo del alquiler, sino también de la propiedad, y se señala el acceso de los jóvenes al mercado de propiedad como otro de los principales retos del mercado. Por eso, sostienen, es esencial facilitar la concesión de préstamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a los jóvenes con buenas perspectivas en el mercado laboral o bien el aval del sector público a los jóvenes con capacidad para adquirir su primera vivienda, para que así se minimice el esfuerzo de ahorro previo necesario para la compra. Así se contribuiría a la descongestión de la demanda de viviendas de alquiler, especialmente en las grandes ciudades.

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