Se ha publicado en el BOE el Real decreto ley 6/2022, que incorpora medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra a 16.000 millones de euros. La mayoría van encaminadas a reducir en los próximos tres meses el gasto de los hogares. Este es el caso de la bonificación en el combustible o los cambios en el mercado de la electricidad para abaratar la factura. Para el arrendamiento de viviendas, la renovación de los contratos se desvincula de la tasa del IPC hasta el 30 de junio, para dejarlo en una subida máxima del 2%.
El llamado ‘Plan de Choque de Respuesta a la Guerra’ tendrá un coste de 16.000 millones de euros, según ha avanzado el presidente del Gobierno. «Este plan de choque se basa en cinco ejes que abarcan ayudas a familias, trabajadores, desplazados y al tejido empresarial, así como medidas en materia de transportes, ciberseguridad y energía», avanzó Pedro Sánchez. Cabe destacar que Calviño aseguró que las medidas se financiarán con cargo a los Presupuestos. A todo ello, afirmó que se irán adaptando las medidas según evolucione la situación. El plan durará inicialmente hasta el 30 de junio, con unos 6.000 millones en ayudas directas y rebaja de impuestos, según cifró el presidente. Se invertirán otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar impacto crisis.
Resumen de las medidas del alquiler
Entre otras medidas económicas y sociales, el artículo 46 establece una medida extraordinaria en cuanto al incremento máximo del IPC en aquellos contratos de arrendamiento de vivienda cuya renta deba ser actualizada durante el período comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022.
Esta medida no tiene carácter retroactivo, por eso las actualizaciones practicadas antes del 1 de abril no se ven afectadas.
La norma diferencia entre arrendador «gran tenedor» y el resto de arrendadores. Cabe destacar que en todos los supuestos establece un techo máximo de incremento del 2%, que es el techo máximo del Índice de Garantía de Competitividad.
- Arrendadores «grandes tenedores»: La actualización no podrá superar el 2%. En este sentido, debes tener en cuenta que se entenderá como «gran tenedor» a efectos de este artículo la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
- Resto de arrendadores:
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- Las partes podrán pactar el porcentaje máximo de actualización por IPC.
- En caso de que las partes no alcancen un acuerdo, el límite máximo de actualización será también del 2%.
Se desvinculan las rentas del alquiler de la tasa de inflación
Para el mercado de arrendamiento de viviendas incorpora una limitación del 2% a la subida de las rentas en la renovación de los contratos, desvinculándolo de la inflación durante los próximos tres meses, hasta el 30 de junio.
El pasado febrero, la inflación se anotó un nuevo récord desde los años 80 del 7,6%. Esto ha supuesto que a los inquilinos a los que les tocó la revisión anual de su contrato de arrendamiento vieron aumentar su alquiler mensual en 53 euros de media a partir, unos 636 euros al año.
El nuevo dato de lPC de marzo se ha comunicado hoy, 30 de marzo, un nuevo máximo de la inflación del 9,8%. Si este Plan de Respuesta entra en vigor desde el 1 de abril, la tasa de inflación de marzo sí afectará a los contratos de alquiler a los que les toque la revisión anual referenciada al IPC. Pero si aplicamos este límite del 2% de incremento de la renta a los alquileres medios en marzo, la subida a nivel nacional se quedaría en unos 14 euros al mes, es decir, unos 168 euros anuales.
En ciudades como Barcelona o Madrid, el incremento de las rentas del alquiler en la renovación de contratos estaría ‘topado’ entre los 16 y los 18 euros mensuales. Esto supone entre 192 y los 216 euros anuales más.
Otras medidas que afectarán a los hogares será el aumento en un 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para llegar a más familias vulnerables. También, se amplían los descuentos y beneficios para el bono social eléctrico a 600.000 nuevas familias. Con ello, el Ejecutivo calcula que alcanzará los 1,9 millones de hogares.
Los expertos tildan la medida de artificial y perjudica a los propietarios
Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler. A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone».
«El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”, ha concretado Iñareta.
Para la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) “la mayoría de los propietarios nunca traslada de forma completa los incrementos del IPC a las rentas de sus alquileres. Con la aprobación de esta medida, se carga a los propietarios de vivienda en alquiler con el problema social de la vivienda, cuando es responsabilidad de las Administraciones Públicas. Esto se suma al actual marco regulatorio, que presiona al propietario, lo que redundará en una reducción de la oferta».
El sector del alquiler, como industria, también está sufriendo la subida de costes, como en electricidad, gas y materiales. Medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo provocarán, en el medio y largo plazo, una limitación y encarecimiento de la oferta de vivienda en alquiler, y piden que lo más apropiado sería limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente (en febrero fue del 3%).
Otros expertos opinan, «esta medida plantea serias dudas legales, ya que la posibilidad de actualizar los alquileres según el IPC en aquellos contratos que así lo establezcan se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y su impacto será difícil de medir, ya que en situaciones tan complicadas como la que vivimos, buena parte de los propietarios prefieren no trasladar las subidas del IPC a sus inquilinos a cambio de estabilidad y tranquilidad en el caso de que éstos tengan un perfil solvente».
«Este Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando nuestro mercado está compuesto en un 80% por propietarios particulares que también sufren las consecuencias de una alta inflación, además de otros problemas como impagos, ocupación, etcétera. Si queremos alquileres más asequibles hay que apostar por medidas que fomenten la oferta y que den seguridad a los propietarios, sean particulares o profesionales», concretan los expertos.
Otras medidas laborales y en materia de energía y transporte
Otras medidas que ayudarán a reducir el gasto de los hogares pasan por una bonificación para todos los conductores, con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos.
En cuanto a la factura de la luz, ha adelantado que España y Portugal «presentarán conjuntamente una medida excepcional y temporal para fijar un precio de referencia del gas», que abarate el precio final de la electricidad.
Esta medida «no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países y permitirá a España y Portugal rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata sin distorsionar el mercado de la electricidad de Europa», ha asegurado Sánchez durante el evento.
Además, se prórroga hasta el 30 de junio de la rebaja impositiva en la factura de la luz del tipo del IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la Electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica.
Por otro lado, en el mercado laboral ha planteado medidas para limitar los despidos hasta junio, y ha adelantado que se volverá a acudir a la figura de los ERTE para que las empresas eviten la destrucción de empleos durante estos meses.
Además, se abre una nueva línea de avales de créditos ICO por una cantidad de 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, y se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.
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Fuente: Idealista.
