Últimamente se habla mucho de los derechos que tienen los inquilinos y se hace ver a los propietarios o administradores como los malos de la película (si se me permite la expresión). Por supuesto que se deben respetar los derechos de los inquilinos y tratarlos correctamente con los derechos y las obligaciones que tienen al alquilar una vivienda, no entraré en detalles, pues está claro que puede haber casos de abusos como pasa con muchos sectores y es obvio que se tienen que defender sus intereses.
En el alquiler de viviendas también hay otra parte, la del propietario, que parece que nadie tiene que proteger, pues se suele pensar que «quién tiene un piso de alquiler es rico». Nosotros, como administradores, tenemos muchos propietarios que tienen un piso de alquiler y a los que la renta no cubre la hipoteca o a los cuales el alquiler del piso simplemente se los complementa la pensión, puesto que solo con esta no podrían vivir. Lo que quiero decir, en definitiva, es que hay muchos propietarios que necesitan cobrar el alquiler para poder vivir de una manera correcta.
Desgraciadamente, las leyes de este país no ayudan en nada a quiens cumple y las leyes están hechas para que los propietarios hagan la labor social que tendrían que hacer los estamentos públicos (por eso pagamos los impuestos). No veo correcto que cuando un inquilino no paga, para echarlo por desahucio, se tarde como mínimo 6 meses y si la persona está en riesgo de exclusión social, como que el ayuntamiento no tiene donde ubicarla, todavía se le permita estar más tiempo en el piso. Tampoco veo correcto que si se tiene la mala suerte que el piso sea ocupado, si no se puede demostrar que han entrado en las últimas 48 h, se tenga que ir por vía judicial, cosa que puede implicar 1 o 2 años, y el propietario no puede cortar los suministros. Parece surrealista en un estado que se denomina estado de Derecho.
Lo que quiero decir con todo esto es que también se tiene que defender al inquilino cuando hay abusos por parte del propietario, pero también se tiene que defender al propietario. Los organismos públicos tienen que hacer la labor social, siempre necesaria en toda comunidad. En el caso de Barcelona, el ayuntamiento en el anterior mandato prometió que construiría 8.000 viviendas en protección social y tan solo hizo 800. Cada cual tiene que lograr su responsabilidad.
Ramon Soler
Grup Solfinc
