En un momento en el que la vivienda se ha convertido en un tema crucial en la agenda gubernamental, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI) ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la inversión del Estado que respalde los Planes de Vivienda sea del 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones de euros. Esta solicitud de invertir en vivienda pública cobra especial relevancia en un contexto en el que la crisis de la vivienda y la accesibilidad se han convertido en un problema apremiante para millones de ciudadanos. En este artículo, exploraremos las razones detrás de esta petición y sus posibles implicaciones.
El Dilema de la Vivienda en España
El mercado de la vivienda en España ha sido testigo de un auge constante en los precios en los últimos años, lo que ha resultado en un incremento en la dificultad para que las personas accedan a una vivienda digna. El problema de la vivienda se ha convertido en un tema de gran preocupación en todo el país, afectando a una amplia gama de personas, desde jóvenes en busca de su primera vivienda hasta familias que luchan por llegar a fin de mes.
Las razones detrás de esta crisis de vivienda son variadas y complejas. La falta de oferta de viviendas asequibles, la especulación en el mercado inmobiliario y la falta de políticas gubernamentales efectivas han contribuido al aumento de los precios de la vivienda en España. Esta situación ha llevado a una creciente polarización económica y social en el país.
No está previsto invertir en vivienda pública
Antes de las elecciones generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió en mayo pasado el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que cada país europeo rinde cuentas ante la Comisión Europea sobre las reformas que prevé llevar a cabo y resume sus principales proyecciones macroeconómicas.
En el documento se recoge que no espera aumentar la inversión en vivienda pública en términos de PIB en los próximos años. El plan oficial pasa por destinar un 0,5% del PIB a vivienda y servicios comunitarios hasta 2026, la misma partida destinada tanto en 2021 como en 2022.
Para lograr revertir esta situación, el presidente de los API propone un gran pacto de Estado. «Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente», apunta.
Por último, advierte de que sin este pacto de Estado «no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad».
La Petición de los Agentes Inmobiliarios
En este contexto, los agentes inmobiliarios han hecho un llamado urgente al Gobierno en un carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, con el fin de invertir en vivienda pública hasta 8,000 millones de euros anuales en el sector de la vivienda.
Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan. Las leyes sin los fondos económicos que las sustenten son puras quimeras… Basta con analizar la gráfica histórica de inversión en vivienda para darse cuenta de que, sin incluir los fondos europeos «Next Generation», el esfuerzo presupuestario anual se sitúa en un importe de tan solo 1.000 millones de euros.
En esta misma carta, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha manifestado que la «grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás. Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna», añade.
Asimismo, en la carta alerta de que son pocos los recursos estatales que se destinan al mercado de la vivienda. «Un hecho tan dramáticamente significativo como el de encontrarnos en el grupo de cola de los países de Europa en construcción y presupuestos estatales de Vivienda de Protección Oficial (VPO), debería sensibilizar mucho más a un gobierno progresista», ha indicado.
Este llamado pone de relieve la importancia de encontrar soluciones efectivas y equitativas para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna. La respuesta del Gobierno a esta petición será crucial para determinar el rumbo del mercado inmobiliario y el bienestar de la sociedad en los próximos años.
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