El problema de hacer pactos de Gobierno con socios con los que no se comparte un ideario político es que hay que cumplirlos o atenerse a las consecuencias, ya se trate de una crisis de gobierno o de una merma de la confianza en la palabra dada, un activo que también rige en política, aunque desgraciadamente cada vez menos. Lo veremos con las problemáticas del mercado de alquiler.
¿Cómo puede afectar esto?
Eso exactamente es lo que ha sucedido con la propuesta de regular los precios de los alquileres que el PSOE incluyó en el acuerdo que firmó en 2019 con Unidas Podemos para poder gobernar y que ratificó el pasado mes de octubre para poder sacar adelante los Presupuestos, anulando la seguridad jurídica en el mercado de alquiler. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, rechazó ayer claramente la idea de “imponer” el control de precios en la futura Ley de Vivienda. Con ello, y con la llana explicación, a estas alturas, de que ambas formaciones tienen “concepciones diferentes” sobre el tema, Ábalos ha confirmado la brecha que media entre ambas formaciones y la poca solidez de los acuerdos firmados, aunque también ha devuelto la cordura al debate sobre la regulación de la vivienda en alquiler.
El ministro ha defendido los incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles que se comprometan a alquilar con rentas bajas –por debajo no solo de la media del mercado, sino de los índices de precios de referencia que publica el ministerio– como fórmula para solucionar el problema. Ábalos no ignora que una limitación de las rentas de los inmuebles, tal y como se pactó con Unidas Podemos, es una medida fuertemente invasiva y con potencial suficiente como para retraer la oferta del mercado. El intervencionismo de los precios en los alquileres no es una novedad, sino una vieja solución fallida impropia de una economía de mercado y cuyo principal resultado pasa por reducir la oferta y acabar produciendo el encarecimiento de las rentas que se quiere evitar. Un efecto especialmente dañino en una coyuntura de crisis y con una ley de desahucios en el horizonte que amenaza con desincentivar todavía más la decisión de un propietario de poner su activo en alquiler.
Pese a que la propuesta de Ábalos es una solución mucho más razonable que el intervencionismo directo en los precios, la medicina que necesita el mercado de alquiler en España no son los incentivos fiscales, sino una regulación que garantice la seguridad jurídica y agilice y flexibilice la contratación. El Gobierno debería eludir la tentación de seguir coqueteando con soluciones populistas, tanto frente a los votantes como frente a sus socios parlamentarios, que no benefician al mercado ni a la actividad, y por tanto tampoco a la recuperación de la economía.
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Fuente: https://cincodias.elpais.com/
